Ante una situación de insolvencia en una sociedad, nuestra legislación impone a los administradores de las empresas la obligación de solicitar concurso de acreedores.
En caso de incumplir esta obligación, o el retraso en instarla, puede conllevar responsabilidades por los Administradores en la sección de calificación del concurso.
El procedimiento concursal otorga un marco legal de protección a través del cual se pueden obtener acuerdos de reestructuración del pasivo, mediante la aprobación de un convenio concursal, o en caso de inviabilidad de la empresa, su liquidación de forma ordenada.
Asimismo, existe la posibilidad de reconducir la vida económica de una persona física (autónoma o no) ante una situación de insolvencia actual o inminente a través de la Ley de 2ª oportunidad.
Las ventajas más significativas que proporciona el concurso de acreedores para el deudor insolvente son:
